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• El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha destacado “el rigor, el consenso y la seguridad jurídica” que otorga el respaldo mayoritario a la iniciativa, “que es lo mejor para una posición fuerte de la ciudad”

• Han apoyado la propuesta los grupos Popular, Compromís y Socialista, mientras que Vox ha votado en contra

• El club no podrá materializar los derechos urbanísticos si no asegura el cumplimiento de sus obligaciones

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este martes, con el respaldo de 28 de los 32 concejales de la corporación que han asistido hoy a la sesión, la modificación definitiva de la ATE Valencia CF, y las fichas urbanísticas que determinan las condiciones vinculantes para la construcción del Nou Mestalla (la concejala Nuria Llopis no ha asistido a la reunión). El pleno ha aprobado la modificación en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana zona A “antiguo Mestalla” y zona B “Corts Valencianes”, que incluyen las fichas de gestión. Tal como ha expresado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, tras la votación, “hoy es el día en el que aprobamos un acuerdo que mira por el interés general de la ciudad y de los valencianos por encima de cualquier otro interés”. “Los grandes consensos permiten adoptar grandes retos con garantías, y así lo hemos hecho hoy, desde la cordura y desde la garantía que da al sometimiento pleno al derecho y a la ley”, ha subrayado el concejal.

La votación ha contado con el respaldo mayoritario de los grupos en el Hemiciclo: Popular, Compromís y PSPV-PSOE, mientras que Vox ha votado en contra. En este contexto, el concejal Juan Giner ha defendido “el rigor, el consenso y la seguridad jurídica, que son lo mejor para una posición fuerte de la ciudad”.

El acuerdo incluye la realización de una auditoría externa del coste del estadio con los requisitos de las fichas urbanísticas aprobadas con las exigencias del convenio. El club no podrá materializar los derechos urbanísticos si no asegura el cumplimiento de sus obligaciones. El objetivo es garantizar que no se produce un nuevo incumplimiento y las obras vuelvan a quedar paralizadas una vez iniciado el trámite o que estas produzcan como resultado un estadio de menor calidad y condiciones del requerido. Si el Valencia Club de Fútbol SAD incumpliera los plazos de ejecución de la obras establecidos en la licencia, deberá presentar el 100% del aval de las obras restantes, y en caso de incumplir quedará invalidado el planeamiento previsto en el Plan de Actuación Estratégica, es decir, que se eliminarán “completamente” las plusvalías urbanísticas atribuidas a los terrenos propiedad del club, y se recuperará la vigencia de la ordenación anterior.

A pesar del respaldo mayoritario a la propuesta, los grupos de la oposición no han ahorrado críticas al gobierno municipal. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha reiterado su postura contraria a la operación iniciada en 2005 por la que el Valencia CF impulsó la construcción de un nuevo estadio: “fue una operación exclusivamente por intereses urbanísticos que, por nosotros, no se habría hecho nunca; lo mejor habría sido no moverse de Mestalla”. “Pero la circunstancia actual –ha añadido- es que Peter Lim tiene unos derechos urbanísticos, y si no le ponemos cortapisas, campará a sus anchas”. Robles ha alertado de que “la cuestión no acaba hoy, sino que empieza”. “Porque en otoño habrá una auditoría, y exigiremos todo el dinero real que cueste el estadio, y el seguimiento de todos los plazos marcados, desde la prioridad que es defender los intereses de la ciudad y del club”

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Borja Sanjuán, ha lamentado que la iniciativa traída al Pleno “llegue en tiempo de descuento, porque o aprobábamos algo hoy, o nos despeñábamos por el precipicio”, ya que, como ha recordado el edil, de no sacar adelante una acción de control, el próximo 3 agosto, Peter Lim recobraría todos los beneficios urbanísticos derivados de la operación de permuta y construcción del nuevo estadio, sin ninguna obligación. Sanjuán ha calificado de “mala” aquella operación aprobada en 2005, “y malos los motivos. Y ahora tenemos que elegir entre algo malo o peor”. Por eso, ha defendido que el Ayuntamiento asegure con este acuerdo de hoy que los derechos urbanísticos queden condicionados al depósito de fianza y al cumplimiento del convenio, “y que no sean gratis y sin necesidad de aval para alguien que es, claramente, un incumplidor”, ha subrayado.

El portavoz del grupo Vox y concejal de Empleo, Juanma Badenas, ha justificado el voto en contra de su partido, a pesar de formar parte del gobierno municipal, “porque las fichas urbanísticas que se traen para su aprobación fueron elaboradas por el gobierno anterior y mantenidas actualmente”. Además, ha criticado Badenas “las fichas reconocen derechos a alguien que ha incumplido de forma reiterada, tal como afirmó en su momento tanto el Consell como el TSJCV”. Además, el portavoz de Vox ha enfatizado su postura contraria “más aún, siendo que València ya no va a ser sede del Mundial 2030, y ya no tenemos toda la presión y prisas de los últimos meses a este respecto”.

El interés de la ciudad por encima de todo

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha subrayado la firmeza del acuerdo, pero ha lamentado las críticas de la oposición. El edil ha reprochado a los grupos Compromís y Socialista, ambos gobierno en el mandato anterior, no haber hecho lo suficiente para cambiar el escenario: ni caducaron la licencia, ni derogaron los derechos urbanísticos, ni aprobaron la licencia ni las fichas”. Giner ha defendido que el acuerdo aprobado hoy mayoritariamente por el Plenario, “mira al interés general de la ciudad y de los valencianos, por encima de cualquier otro interés”, y ha asegurado que se han ordenado todas las cuestiones en torno a este asunto con la participación y reuniones con los concejales de todos los grupos políticos.

Como conclusión, Giner ha señalado las pautas del acuerdo adoptado por el Pleno: “El consenso de hoy hace que el Valencia CF no tenga barra libre a partir del 3 de agosto; que el club quede abocado a finalizar el nuevo estadio por las severas y rigurosas penalizaciones establecidas en la licencia (tanto si empieza las obras fuera de plazo, si las interrumpe o si no acaba en plazo); establece la realización de una auditoría externa y poder imponer las cuantías a avalar; y obliga al club a cumplir sus compromisos con Benicalap, ya que si no sufraga el polideportivo, no habrá terciario que valga”.

Además, se suman otras cuestiones como la cubierta fotovoltaica, el aforo de 70.000 espectadores, la actuación sobre la chimenea, y la puesta en valor de los restos arqueológicos. “Que la ciudad sea prudente es garantía jurídica y permite dar viabilidad al club”, ha concluido el concejal.